ROCHESTER, NY. – El Fiscal General, Eric T. Schneiderman, anunció hoy que su oficina ha presentado una acción legal que busca una orden de desacato en contra de un contratista de mejoras al hogar de Rochester que ha engañado a propietarios viviendas de edad avanzada a pesar de una orden judicial previa en su contra por otros actos y prácticas engañosas. Mark Pelow, de 42 años, de Rochester, intentó que los propietarios de viviendas cometieran fraude de seguros, no pudo terminar los trabajos después de recibir el pago completo, realizó trabajos de mala calidad, y se negó a ofrecer garantías. Pelow se enfrenta a posibles penas de cárcel si es declarado en desacato por la sentencia judicial previa.
"Es ya bastante malo que el señor Pelow se aprovechase de los propietarios de viviendas mayores de edad anteriormente, pero el hecho de que él tuvo la audacia de atacar y engañar a las personas mayores de nuevo después de haber pagado una multa, es inconcebible", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina hará que este contratista de mejoras al hogar sin escrúpulos tenga que rendir cuentas, mientras nos aseguramos que no victimice a mas propietarios”.
En 1999, la Oficina del Fiscal General había demandado a Pelow y su hermano en varias ocasiones por defraudar a los clientes mediante la realización de trabajos no autorizados fuera del alcance del contrato y exigir el pago por los servicios no autorizados. Pelow y su hermano a menudo utilizaron tácticas de miedo e intimidación, dirigiendo sus prácticas comerciales engañosas y fraudulentas a personas con 65 años de edad o más.
En el caso anterior, la jueza de la Suprema Corte de Justicia del condado de Monroe, Donald Mark, emitió una orden de restricción permanente a Pelow de operar un negocio de mejoras para el hogar en violación de las leyes de protección de los consumidores y contratación de mejoras de Nueva York, pero a Pelow se le permitió permanecer en el negocio. El tribunal también ordenó a Pelow a pagar $57,000 dólares en restitución más de 20 consumidores victimizados.
Más recientemente, una investigación realizada por la Oficina del Fiscal General descubrió que Pelow estaba otra vez sobrecargando a los consumidores de edad avanzada en violación del acuerdo de 1999. La investigación también descubrió nuevos actos de fraude contra los propietarios de edad avanzada, incluyendo:
- A una mujer de 66 años que contactó a Pelow para reparar una gotera en su techo - le dijo que su compañía de seguros pagaría para reemplazar todo el techo, cuando en realidad su compañía de seguros sólo accedió a pagar para reparar el área dañada. Cuando se enteró de la verdad, ella despidió a Pelow antes de que pudiera terminar la mitad de su techo. Pelow presentó un "derecho de retención mecánica" en contra de su casa por $16,246 dólares, que superan con creces el valor del trabajo que él realizó. Estos actos y prácticas engañosas violan las leyes de protección al consumidor de NY y la orden judicial anterior.
- Un hombre de 83 años contactó a Pelow para limpiar los desagües de su casa tuvo que pagar $2.760 dólares para reparar un agujero en el techo que Pelow causó. Pelow pidió al dueño de la casa presentar un reclamo al seguro un precio inflado para cubrir los daños y dividir la diferencia con Pelow. Estos actos y prácticas engañosas violan las leyes de protección al consumidor de NY y la orden judicial anterior.
- Una mujer de 83 años vio el anuncio de Pelow en el periódico ofreciendo limpiar las canaletas por $39 y se puso en contacto Pelow para programar una limpieza. Después de que él dijo que había terminado, le dijo que le debía $864 dólares por lo que llevo a cabo publicidad falsa. Además, nunca le dio un contrato o una descripción de los servicios que se proporcionaron o notificó a ella su derecho a cancelar, todo lo cual es requerido por la ley y el mandato de la orden judicial previa.
Si Pelow es encontrado culpable de estar en desacato de la orden del Juez Mark, se enfrenta a una posible prohibición permanente de trabajar como contratista de mejoras al hogar en Nueva York, el pago de $ 25,000 en una restitución a las víctimas, y $22,000 dólares en multas y costos y hasta seis meses en la cárcel.
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